Un hombre denuncia que la Congregación Pueblo de Dios le falsificó su firma y la de su hermano, para quedarse con una propiedad de 20 hectáreas en Repatriación, Caaguazú, valuada en unos G. 1.400 millones. Reclama que desde el 2022, la Fiscalía aún no realizó la pericia caligráfica en su caso.
Pablo Román, que llegó a Tribunales junto con su abogado Ignacio Torres Peralta, señaló que había sido adjudicado junto con su hermano Mario Román, de la propiedad tras la muerte de su padre Cristino Román, en el Juzgado Civil y Comercial de Lambaré, el 23 de abril del 2020. Es una finca que queda en el Distrito de Repatriación, Caaguazú, con 20 hectáreas.
Sin embargo, cuando fue a ver la propiedad en aquella localidad, la misma ya estaba ocupada por los miembros de la Congregación Religiosa Pueblo de Dios. Ante está situación, habló con ellos, con la posibilidad de negociar el inmueble.
El hombre le dejó copias de sus documentos para la negociación y le dijeron que le iban a avisar. No obstante, dice el denunciante que posteriormente, fue hasta allá y le dijeron que la misma ya había sido vendida.
Es así, que junto con su abogado fueron a la escribanía donde supuestamente se hizo la transferencia, y ahí se percataron de que las firmas, tanto de él como de su hermano Mario Román, habían sido falsificadas, y que usaron los documentos que les dejó para eso.
Presentó la denuncia penal en el año 2022, y hasta ahora, según dice, la fiscala Samara Lesme, no realiza la prueba pericial para determinar que las firmas fueron falsificadas.
La denuncia penal está a nombre de Mariano Bobadilla y Juan Cardozo Vera, a quienes supuestamente le hicieron la cesión de derechos, quienes son autoridades de la Congregación Pueblo de Dios, uno de ellos, ya falleció.
Incluso, habían pedido los archivos a Identificaciones de la Policía Nacional para la realización de la Pericia, pero no se realizó aún, y ya pasaron 3 años de la denuncia, sin que tenga ningún tipo de resultado, conforme señaló.
El inmueble en cuestión está valuado en unos G. 70 millones por hectárea, con lo que las 20 hectáreas alcanzan la suma de G. 1.400 millones, conforme con la denuncia planteada ante la Fiscalía de Lambaré, ya que fue allí donde falleció su padre.
Román pidió un informe de Condiciones de Dominio que certifica que la propiedad sigue estando a su nombre, y está al día con el impuesto inmobiliario, pero no puede tomar posesión de la propiedad, de acuerdo con su denuncia.
Fuente: Última Hora