El proyecto que abroga la Ley 6112/18, que crea la Caja de Jubilados del Congreso Nacional, fue presentado este jueves por el diputado Raúl Benítez y ya tuvo varias opiniones a favor y en contra de la iniciativa, que pretende suspender la jubilación privilegiada de los legisladores.
El diputado Raúl Benítez presentó un proyecto con el cual se pretende suprimir la ley del fondo de jubilaciones para miembros del Poder Legislativo.
“No existe justificación técnica, económica ni ética para que quienes ejercemos cargo de representación tengamos un régimen jubilatorio de privilegio distinto al del resto de los trabajadores”, señaló Benítez en conferencia de prensa.
Afirmó que los legisladores no mantienen una relación de dependencia laboral, ya que perciben una dieta y ejercen un cargo de representación popular, lo que, según su postura, vuelve incompatible una jubilación financiada con recursos públicos.
Asimismo, rechazó la idea de trasladar los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), al considerar que ello implicaría reconocer una relación de dependencia con el Estado y habilitar nuevamente el aporte estatal. “Ese camino no resuelve el problema de fondo”, advirtió.
Benítez calificó la jubilación parlamentaria como un “privilegio adquirido” y no como un derecho, y sostuvo que sin una reforma profunda de esta caja no será posible avanzar en ajustes a la Caja Fiscal. “No hay manera de pedir sacrificios al resto de los trabajadores si no hacemos lo propio en el Congreso”, afirmó.
Citó que, en el contexto en el que la Caja Fiscal atraviesa un déficit y se están debatiendo los ajustes, la política tiene que dar el ejemplo. “Tenemos que tener la altura moral, tenemos que tener la altura ética y demostrar un poco de la coherencia necesaria para pedir el ajuste a otros sectores. El ajuste también tiene que llegar al poder”, manifestó.
“Es por eso que hoy pedimos la eliminación de esta caja, porque la función pública y la función de un funcionario público no puede ser sinónimo de privilegio, tiene que ser sinónimo de responsabilidad. Lo que buscamos es dejar una señal clara, no se puede pedir sacrificio a los demás mientras nosotros obtenemos privilegios”.
A su criterio, la caja de jubilados de los parlamentarios representa una tremenda desigualdad ante el resto de los trabajadores.
Precisó que desde el momento en que los legisladores pueden acceder a una jubilación con solamente 10 o 15 años de aporte, claramente hay un enorme privilegio. “Desde ahí tenemos una desigualdad con respecto al promedio de los trabajadores”, indicó.
El diputado Raúl Benítez sostuvo que la caja parlamentaria atenta contra los principios de igualdad y equidad consagrados en la Constitución Nacional, por lo que planteó su eliminación. Señaló que el sistema se sostiene actualmente con aportes del Estado, lo cual considera inaceptable, y afirmó que los propios asociados deben debatir el destino de los fondos ya aportados.
El déficit de la caja se abona vía PGN
Indicó que, si bien años atrás se aprobó una reforma para reducir el aporte estatal, en la práctica el financiamiento público continúa. Precisó que en 2025 el Congreso Nacional destinó alrededor de G. 2.500 millones para cubrir el déficit de la caja parlamentaria y que para 2026 ese monto ascendería a unos G. 4.000 millones, según datos del Presupuesto General de la Nación.
A su criterio, estas cifras confirman que la caja ya es deficitaria y presenta una tendencia creciente.
Benítez cuestionó además la falta de transparencia en la administración del sistema jubilatorio, al señalar que no se están cumpliendo las revisiones trimestrales establecidas por ley. Sostuvo que los informes financieros y actuariales deberían ser remitidos periódicamente a los legisladores para evaluar la situación real de la caja, algo que actualmente no ocurre.
A favor de la eliminación
El senador Eduardo Nakayama se mostró a favor de eliminar la caja de jubilación parlamentaria, ya que señala que se trata de un privilegio que se les está dando a los legisladores
“Yo creo que eso no está correcto, menos todavía el subsidio que hace el Estado para poder calzar ese desfasaje que existe”, opinó.
No obstante, comparó que la caja parlamentaria mueve al año USD 5 millones y la Caja Fiscal, USD 900 millones. “Es comparar limón con una supersandía”.
A su criterio, la caja de jubilaciones tiene que ser autosustentable. “La caja no puede ser deficitaria, ni mucho menos esperar que el Estado calce el déficit que existe, como hoy”, cuestionó.
Nakayama dijo que los legisladores ejercen una representación y no reciben salarios sino una dieta, por lo que es muy controvertido el tema.
“Teniendo en cuenta lo que uno haga con la plata en una caja, es totalmente libre. Lo que uno no puede hacer es agarrar y obligarle al Estado a que aporte a esa caja. Eso es lo que está mal, y eso tenemos en varias cajas deficitarias, incluyendo el caso de la Caja de Jubilados Bancarios, donde el Estado ha tenido que aportar en muchas ocasiones”, manifestó.
Fuente: Última Hora