Un total de 19 trabajadores paraguayos, entre ellos dos menores de edad, fueron rescatados por el Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Brasil tras ser sometidos a condiciones de esclavitud en una plantación de mandioca del municipio de Ivaté, en el estado de Paraná. Un taxista paraguayo es buscado como reclutador y responsable del hecho.
Las autoridades brasileñas dieron a conocer que las víctimas fueron reclutadas para cosechar mandioca. Tras su liberación fueron trasladadas a un albergue y luego de realizar la declaración testifical fueron enviados al Paraguay.
El taxista supuestamente organizaba el traslado de las víctimas hasta Brasil y descontaba el costo del viaje directamente de sus salarios. El caso está siendo investigado a través del Comando Tripartito por la Policía Federal y la Policía Antitrata de Personas del Paraguay.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público del Trabajo (MPT) comprobó que los trabajadores residían en dos viviendas del municipio de Tapira, donde permanecían en condiciones degradantes.
Dormían sobre colchones sucios en el piso, sin condiciones mínimas de higiene y mal alimentados. Además, los gastos de alquiler, agua y electricidad eran descontados de sus remuneraciones, configurando un sistema de servidumbre por deudas.
Por otro lado, tenían restringido la salida del inmueble y solo algunos podían utilizar teléfonos celulares. Según el Ministerio Público del Brasil, los afectados eran mantenidos bajo amenazas para que no denunciaran el caso.
Los trabajadores no tenían contrato, ni acceso a los derechos laborales básicos y sin equipos de protección personal. Tampoco disponían de lugares adecuados para alimentarse, descansar o realizar su higiene durante la jornada, ni contaban con suministro suficiente de agua potable, indica el reporte.
Tras los descuentos aplicados por transporte, alojamiento y otros conceptos, los trabajadores percibían apenas entre 400 y 500 reales mensuales. Algunos permanecían bajo estas condiciones desde hacía aproximadamente un año, mientras que la mayoría llevaba cerca de tres meses.
El Ministerio Público del Trabajo informó que los salarios y demás beneficios adeudados fueron abonados antes de la repatriación.
Asimismo, una empresa del sector agrícola, que según la investigación no tenía participación directa en la explotación de la mano de obra, colaboró económicamente para facilitar el regreso de las víctimas mediante un acuerdo confidencial.
Fuente: Última Hora