Una revisión documental recordó las denuncias y auditorías durante la gestión de Esperanza Martínez en Salud. La exministra integra ahora una comisión para investigar irregularidades sanitarias.
La trayectoria de la actual senadora y exministra de Salud Pública, Esperanza Martínez, volvió a ser objeto de debate sobre la coherencia y la ética parlamentaria debido a los antecedentes, auditorías y denuncias registradas durante su administración al frente de la cartera sanitaria.
Martínez, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Fernando Lugo y en septiembre de 2026 pasó a integrar una comisión especial del Senado encargada de investigar presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social y en el Ministerio de Salud, enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos que marcaron su gestión.
Entre los antecedentes documentados figura una investigación iniciada en febrero de 2012 por la Fiscalía de Delitos Económicos a raíz de una denuncia formulada por representantes de trabajadores de la salud. La presentación mencionaba presuntas sobrefacturaciones en la compra de medicamentos que superaban en hasta un 4.000% los precios de referencia en 2010, además de la presencia de productos vencidos y pagos por obras inconclusas. Asimismo, se cuestionó la transferencia de aproximadamente US$ 28 millones a organismos de las Naciones Unidas como el PNUD y la UNOPS para la adquisición de insumos, vehículos y equipos, mecanismo sobre el cual la Cámara de Diputados solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía por posibles vulneraciones a la ley de contrataciones.
Dentro de las contrataciones canalizadas mediante las Naciones Unidas, se registró la adjudicación de una licitación por aproximadamente US$ 4 millones a la empresa Rieder & Cía., firma en la que trabajaba como auditor general el hermano de la exministra, Hugo Martínez Lleida. El familiar declaró que no participaba del área comercial ni de los procesos licitatorios, pero las auditorías de la Contraloría señalaron posteriormente retrasos en obras, incumplimientos del cronograma y pagos de anticipos fraccionados.
En el informe oficial del ejercicio fiscal 2012, el órgano superior de control detectó gastos por G. 16.634.502.688 sin documentación respaldatoria en un proyecto con el PNUD, además de 142.467 unidades de biperideno y 5.056 unidades de cisplatino de 50 mg vencidas, totalizando 11 lotes con un perjuicio estimado en G. 7.499.221.591, sumado al no cobro de pólizas de seguro por G. 462.172.096 ante obras y contratos incumplidos.
En el ámbito judicial, en 2013 la Fiscalía imputó a varios exfuncionarios de la cartera sanitaria, entre ellos al exviceministro Édgar Giménez, por la adquisición irregular de medicamentos oncológicos por G. 11.000 millones efectuada en 2011. Este proceso por supuesto perjuicio de G. 4.131 millones derivó en una condena en 2015 contra los exfucionarios José María Ruiz Díaz Benítez y Federico Fabián Gill Ramírez, fallo que fue anulado en 2016 hasta que finalmente el Tribunal de Sentencia declaró la prescripción de la causa mediante el Auto Interlocutorio N.º 785 del 23 de octubre de 2023.
Aunque estos hechos no derivaron en una condena penal firme en contra de la legisladora, diversos sectores enfatizan que el ejercicio del rol fiscalizador desde una banca legislativa requiere someter la propia memoria administrativa al mismo nivel de escrutinio ciudadano que se exige a otras instituciones.
#AmambayUrgente