El Ministerio Público adopta un protocolo de seguridad para fiscales y funcionarios, aprobado por 22 países, ante crecientes amenazas al sector judicial.
El Ministerio Público ha dado un paso significativo en la protección de sus fiscales y funcionarios judiciales al aprobar la implementación de un protocolo de seguridad. Este documento, resultado de dos años de elaboración y respaldado por 22 países iberoamericanos, surge como respuesta a la creciente ola de amenazas y ataques contra agentes judiciales, destacándose el trágico asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022.
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aprobó en febrero el documento titulado “Para la Protección y Seguridad de Fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerios Públicos”. Este protocolo busca establecer mecanismos y procedimientos eficaces para implementar medidas de seguridad en favor de los miembros del sistema judicial.
La fiscala Patricia Sánchez, directora del programa en Paraguay, enfatiza que la implementación del protocolo implica una corresponsabilidad con la Policía Nacional. “El riesgo finalmente lo ganan en relación a la función investigativa que realizan”, explica Sánchez, subrayando la importancia de garantizar la seguridad de los fiscales en el ejercicio de sus funciones.
El documento destaca la preocupante tendencia del crecimiento de la criminalidad en Iberoamérica como principal motivación para su desarrollo. La UNODC proporcionó consultores técnicos que ayudaron a identificar las distintas realidades de los países miembros de la AIAMP, incluyendo naciones de América, España, Portugal y Andorra. El 12 de agosto, el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón Fernández, firmó la resolución que declara el protocolo de interés y de aplicabilidad interna y externa.
Entre las medidas de protección contempladas se incluyen la custodia personal, la reasignación de casos y la reubicación de fiscales fuera de zonas de riesgo. Sánchez subraya que estas medidas se aplicarán según el nivel de riesgo y con el consentimiento del beneficiario. Sin embargo, la implementación enfrenta un obstáculo significativo: la falta de una partida presupuestaria específica tanto para la protección de testigos como para la aplicación del nuevo protocolo.
A pesar de este desafío financiero, la directora del programa señala que se están manejando con el presupuesto global y gastos reservados. No obstante, reconoce que lo ideal sería contar con un fondo propio para igualar los estándares regionales e internacionales en materia de protección judicial. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de asignar recursos adecuados para garantizar la efectiva implementación del protocolo y, por ende, la seguridad de los fiscales y funcionarios judiciales.
Fuente: RDN