Denunciantes afirman que varios de los títulos universitarios cuestionados por presuntas irregularidades se emitieron con fechas posteriores a 2015, contradiciendo la postura oficial de la Universidad Sudamericana (UNISUD) ante el Ministerio Público.
La investigación en torno a la presunta emisión irregular de títulos universitarios sigue generando controversia y sumando versiones encontradas. La Universidad Sudamericana (UNISUD) afirmó de forma pública que las irregularidades denunciadas estarían relacionadas con administraciones anteriores al año 2015, buscando deslindar cualquier tipo de responsabilidad de la gestión actual.
Sin embargo, los denunciantes presentaron documentos adjuntos y diversos elementos que forman parte de las investigaciones lideradas por el Ministerio Público como indicios de que algunos de los títulos cuestionados habrían sido expedidos con fechas posteriores a 2015, inclusive entre el año 2019 y los años siguientes. Estos antecedentes están siendo analizados por la Fiscalía con el objetivo de verificar su autenticidad, las circunstancias de su emisión y la eventual responsabilidad de los involucrados. Por tal motivo, los denunciantes defienden que las pesquisas también alcancen los actos realizados durante la administración que estaba en ejercicio cuando se emitieron dichos documentos.
Por su parte, la actual administración de la UNISUD sostiene que, desde finales de 2015, la institución pasó por un profundo proceso de reestructuración académica y administrativa, afirmando que la documentación cuestionada se refiere a hechos anteriores a dicho proceso. Además, la universidad informó que ha colaborado con las autoridades competentes y que ha puesto a disposición toda la documentación necesaria para el esclarecimiento del caso.
Ante estas posiciones divergentes, el Ministerio Público continúa reuniendo información, registros académicos y documentación oficial para determinar con precisión cuándo se expidieron los títulos, bajo qué procedimientos administrativos y si existieron o no irregularidades que constituyan infracciones penales. El caso permanece en fase de investigación y, hasta el momento, no existe una decisión judicial definitiva, por lo que prevalece el principio constitucional de presunción de inocencia.
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