El Senado finalmente declaró culpable de forma unánime, al igual que Diputados, a Santiago Peña en el juicio político promovido tras el escándalo financiero de ueno bank y resolvió su destitución del Poder Ejecutivo. La crisis, que comenzó con la intervención de la entidad bancaria, terminó derribando al mandatario, en un escenario de conmoción política, incertidumbre económica y reclamos de miles de ahorristas.
Santiago Peña fue condenado en el juicio político impulsado en el Congreso y quedó destituido de la Presidencia de la República, como consecuencia de la crisis financiera desatada por la resolución de ueno bank.
El escándalo por los recursos públicos comprometidos en ueno, los cuestionamientos sobre los controles del Banco Central y las acusaciones de conflictos de intereses precipitaron la caída del mandatario, quien incluso había presentado su renuncia antes de que concluyera el procedimiento parlamentario.
Sin embargo, el Congreso decidió continuar con el juicio político, con el argumento de que una renuncia no debía impedir que se determinaran las responsabilidades políticas del jefe de Estado. Peña no asistió a su juicio político pese a prometer dar la cara y “destapar la olla”, y solo se limitó a enviar a sus abogados defensores. Antes de la votación, escribió un escueto mensaje en sus redes despidiéndose “con gratitud” de su cargo.
El escándalo financiero de ueno bank fue el principal detonante de la crisis que terminó con la salida de Peña del poder.
La intervención de la entidad dejó a millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas y ahorros, generando una ola de incertidumbre, reclamos y movilizaciones ciudadanas. Ueno contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, incluidos fondos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS).
Peña quedó en el centro de las acusaciones debido a sus antecedentes como accionista de ueno holding, grupo empresarial vinculado a la entidad bancaria, y a las decisiones adoptadas durante su Gobierno que, según los acusadores, habrían favorecido intereses privados en detrimento del interés público.
Inmediatamente después de la destitución del Senado, el Ministerio Público imputó al ahora ex mandatario y la Comandancia de la Policía Nacional ordenó su captura.
Con la separación de Peña, Pedro Alliana queda como sucesor constitucional y asume la Presidencia de la República para completar el periodo de Gobierno.
Catorce años después de la destitución vía juicio político de Fernando Lugo, otro presidente paraguayo termina apartado del poder por decisión del Congreso, aunque en un contexto político y económico diferente.
Fuente: Última Hora